viernes, 15 de octubre de 2010

DEVOLVER LAS TIERRAS A LOS DESPLAZADOS



El gobierno nacional con muy buena intención pretende rescatar las tierras por los campesinos mediante la política de restitución de las mas de quinientas mil hectáreas de tierra abandonadas a la fuerza por los campesinos, producto de la violencia de los actores armados. 
Manifiesta el gobierno colombiano que devolverá inicialmente 312.000 hectáreas de tierras a campesinos e indígenas desplazados de sus parcelas por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y otros grupos ilegales, a través del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
"En los próximos seis meses se restituirán, adjudicarán y formalizarán por la vía administrativa más de 312.000 hectáreas", señaló Restrepo en una declaración que detalló que se tratará de "un plan de choque" para afrontar ese asunto.
Las tierras "serán entregadas a los campesinos completamente saneadas (libres de disputas judiciales) y el proceso tendrá el acompañamiento de la fuerza pública" para evitar ataques de los delincuentes, enfatizó.
El programa, cuya primera fase se extenderá hasta abril de 2011, beneficiará inicialmente a 130.487 familias campesinas e indígenas de diferentes regiones del país, según el ministro, cuya cartera tiene a cargo la oficina encargada de asignar las tierras.
El Ministro Restrepo que viajó a España donde el próximo lunes expondrá la política gubernamental colombiana para devolver las tierras a los labriegos, señaló su oficina.
El anuncio se enmarca dentro del proyecto de ley sobre restitución de tierras presentado recientemente por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a consideración del Congreso y que busca restituir tierras a legiones de campesinos que tuvieron que huir de sus propiedades por causa del conflicto.
Este viernes, el delegado de las agencias de la ONU en Colombia, Christian Salazar, alertó al gobierno de Santos sobre el riesgo de que la iniciativa derive en el incremento de la violencia contra los campesinos por parte de los grupos armados ilegales.
"Estamos preocupados porque uno puede prever que la ley de tierras llegue a desatar una mancha de violencia en el país contra los campesinos que intenten reclamar sus propiedades. Si eso lo puede prever uno, el Estado colombiano debe adoptar todos los mecanismos para evitar que ello ocurra", señaló Salazar.
Se estima que entre 3,2 y 4,2 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en Colombia, segundo país del mundo con mayor número de desplazados después de Sudán y uno de los más desiguales de América Latina, donde 64% de la población rural vive en la pobreza.
A estos desplazados se les robó entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en unos 15 años. El gobierno de Santos promete devolver a los campesinos despojados "500.000 hectáreas cada año como mínimo", hasta 2014 cuando termina su mandato.
Este anunció del Ministro de Agricultura, deja en el aire una gran preocupación acerca de la seguridad de los desplazados al reencontrarse con sus terruños, debido a la posible retaliación de los grupos al margen de la ley objeto de las acciones gubernamentales
"Iniciaremos (el plan) en áreas emblemáticas que ya están localizadas y en la que se sabe que los campesinos fueron desplazados", dijo Restrepo.

Las áreas son en el Chibolo y Ciénaga (en Magdalena) y zonas de Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Antioquia y Cesar. Esta restitución se hará previa a que se adelante el trámite en el Congreso el proyecto de Ley de tierras.
"El plan de choque estará enfocado en municipios definidos por el Gobierno como zonas de consolidación, lo cual permitirá garantizar la seguridad de las familias que retornen a sus predios", dijo Restrepo.

Agregó que la familias que van a recibir estos predios ya están identificadas y que otras están postiladas para ser beneficiarias.
La devolución de tierras estará acompañada por la OEA y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Por su parte, el director del Incoder, Juan Manuel Ospina, aseguró que se adelantarán investigaciones contra funcionarios que habrían facilitado la adjudicación de títulos de manera irregular. Incluso,  se investigará si grupos armados pudieron haber infiltrado esa institución.

Amanecerá y veremos!

Fuente:  Google Noticias